El lobby de los empresarios del SENAME y los conflictos de interés en el veto presidencial del “nuevo” SENAME.
Francisca de Iruarrizaga, Asesora de Proyectos Especiales del gabinete presidencial, cargo que reporta a Cristián Larroulet, habría participado en la redacción del veto presidencial a la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Iruarrizaga es hija del presidente de María Ayuda, uno de los cinco Organismos Colaboradores (OCAS) más grandes del país, que hoy dirige 15 residencias proteccionales, y su madre aparece como directora. El veto ha sido cuestionado pues buscaría eliminar responsabilidades de estas instituciones frente a vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no obstante haberse acordado en la comisión mixta con el ejecutivo. También existe cercanía con el gobierno de la Corporación Opción, demandada por mal uso de dineros y diagnósticos falsos.
El 10 de julio del 2020 el gobierno presentó un polémico veto presidencial para “acelerar la implementación” del nuevo Sename. Este veto eliminó las medidas adicionales acordadas con el mismo ejecutivo en la comisión mixta, sobre las responsabilidades que tienen los organismos colaboradores (OCAS) del Sename en la protección de los niños que tienen a cargo, dejando el sistema casi igual que antes: Sename pero con otro nombre.
El problema es que en ese veto estuvo involucrada Francisca de Iruarrizaga, Asesora de Proyectos Especiales del gabinete presidencial. Sus padres son parte del directorio de María Ayuda, uno de los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS) más grandes del país que hoy dirige 15 residencias proteccionales.
Francisca gana $5.070.000 de sueldo bruto y $4.524.975 de sueldo líquido. Ella figura como empleada del gobierno desde el 2018. Su papá, Ignacio de Iruarrizaga, ejerce como presidente de María Ayuda, de acuerdo a la página web del organismo y el registro OCAS del Sename, mientras que su madre, María Teresita Tagle, aparece como directora.
El jefe de la Asesora de Proyectos Especiales es Cristián Larroulet, economista y jefe de asesores del segundo piso de Palacio. En un artículo del Marzo del 2018 titulado «El Segundo Piso de Larroulet» posicionó a De Irruaizaga como experta en infancia. Ellos son el influyente equipo del jefe del segundo piso que desarrollan las políticas públicas del gobierno.
Iruarrizaga es ingeniera comercial de profesión y entró a trabajar al gobierno a inicios del segundo mandato de Sebastián Piñera. Es parte de la generación sub-35, descritos como el recambio generacional de Chile Vamos.
De acuerdo al informe financiero de María Ayuda, hoy el 50% de sus ingresos provienen de subvención estatal y el resto llega por donaciones, alianzas y socios. Cuenta con el patrocinio del Banco Scotiabank, Travel, Herbalife, Preunic, Parque Arauco, CCU, GTD, Sony, AFP Provida y otros.
Los acercamientos de Iruarrizaga con temas de infancia comenzaron el año 2016 con la publicación de un artículo en el Centro de Estudios Públicos (CEP) titulado “Rediseñando el sistema de protección a la infancia en Chile”, donde la ingeniera comercial sugirió, entre otras cosas, fortalecer a las OCAS entregándoles más recursos y evitar las internaciones con programas de atención intermedia.
Luego en el año 2018 participó en un libro publicado en el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo sobre Sename llamado “La infancia vulnerada”, escrito junto a otros profesionales y la subsecretaria de la niñez Carol Bown. Ambas figuran como investigadoras del centro Libertad y Desarrollo perteneciente a la UDI y la Fundación Miguel Kast vinculadas a los ex candidatos presidenciales José Antonio Kast y Felipe Kast
Un mes después de este libro Piñera la reclutó junto a Carol Bown como parte de la “Comisión infancia”, organismo encargado de realizar una reforma al Sename tras los hechos sucedidos en esa época al interior del organismo.
En ese entonces, un artículo de la extinta Revista Que Pasa titulado «Intenso Lobby por reforma a la infancia» destaca la participación de Carol Bown y de Francisca de Iruarrizaga en la reforma.
El lobby que ejercen los OCAS y su cercanía con el gobierno también quedó demostrado en una reunión del Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, donde se agradeció la colaboración de Milagros Nehgme en la reforma al Sename.
Nehgme es directora ejecutiva de el OCA Corporación Opción, también entre las cinco más grandes de Chile y que fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado por mal uso de dineros y falsos diagnósticos.
“Se plantearon como objetivos abordar los temas de la Política nacional de la Niñez, el Plan de Niñez, La ley de Garantía y las Oficinas Locales de Niñez, en los que se trabajaron documentos y se hicieron llegar a la Subsecretaría», se lee este informe. También Nehgme participó en otra reunión como presidenta de la comisión.
Menos garantía y mayor impunidad
Los Organismos Colaboradores Acreditados de Sename (OCAS) llevan años siendo cuestionados por grupos de profesionales pro infancia. Se les critica el poco o nulo trabajo de acompañamiento terapéutico con las familias, precarización, maltrato laboral y prácticas anti-sindicales, además de las largas institucionalizaciones de los niños y la falta de preparación de sus trabajadores.
La crítica principal es que este modelo de subvención del Estado a entidades privadas se ha convertido en un incentivo perverso, en medio de la crisis del sistema de protección por la constante inyección de recursos y la mínima eficiencia que se les exige a los hogares colaboradores (A modo de ejemplo, tras la muerte de Lissette Villa en octubre de 2016- en medio de Comisión Sename II- se reveló que 1.313 niños habían fallecido, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios).
Según uno de los últimos informes de Sename (julio a septiembre del 2019) de 7.102 niños, niñas y adolescentes atendidos en el sistema residencial en esa fecha, el 85 % estaba en una OCA. Hoy existen 247 Centros de residencias que pertenecen a servicios privados (denominados “colaboradores” con contrato con Sename) y solo 11 Residencias a nivel nacional que dependen directamente del Estado.
En un informe de la Policía de Investigaciones realizado el 2017 y publicado el 2019 por Ciper Chile, constató que han ocurrido 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual dentro de este tipo de residencias.
El veto a la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ya había sido aprobado por el Congreso, y que es una de las dos instituciones que reemplazará al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename). El veto apunta, entre otros ámbitos, a eliminar la disposición transitoria, acordada en Comisión Mixta, que condiciona el inicio de funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a la entrada en vigencia de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que lleva tres años en su segundo trámite en el Senado. Pero el punto más importante se refiere justamente a la responsabilidad solidaria de los organismos colaboradores frente a vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo sus cuidados.
Distintas voces vinculadas a la infancia-entre ellas la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz- han mostrado preocupación frente al veto de Sebastián Piñera porque le quita responsabilidad a los organismos colaboradores lo que tendrá como consecuencia que todo siga tal cual como está.
Hay OCAS con acusaciones de maltrato y abuso sexual que siguen funcionando con total normalidad. Un ejemplo es el caso de la residencia “Aldea Mis Amigos” de Peñaflor donde un niño, grabado por transeúntes, denunció que había sido golpeado por uno de los educadores. Otro más reciente es el caso de la adolescente Ámbar Cornejo, violada y asesinada por Hugo Bustamante, quien se encontraba en un programa de intervención del OCA Servicio Paz y Justica (Serpaj) y el equipo que la atendía confirmó en uno de los informes “desconocer el riego en que se encontraba la joven”.
Otro de los casos emblemáticos fue lo ocurrido en los hogares pertenecientes a la Orden Don Guanella. Esta orden religiosa ha sido denunciada en tres ocasiones por casos de abuso sexual en sus hogares (2011 por Revista Sábado y 2012 por Informe Especial y el 2019 por tres estudiantes de periodismo a fiscalía).
Sin embargo, Don Guanella sigue funcionando como OCA del Sename, a pesar que gran parte de sus religiosos están siendo investigados por la fiscalía debido a este tema. Las acusaciones son graves, ya que, se les denunció de usar las residencias como zonas de “turismo sexual”.
*Este medio intentó comunicarse con Francisca de Iruarrizaga para conocer su versión respecto a su participación en el veto presidencial y la relación cercana de su familia con la OCA María Ayuda, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta .
Publicado por Juan Pablo González y Carolina Rojas
Extraído de lavozdelosquesobran.cl
