El CNED neoliberal contra la comunidad educativa y su derecho a decidir
Eduardo López Carvajal
La Otra Educación
En los últimos días, el rechazo a la propuesta del MINEDUC de incorporar Filosofía y Ciencias en un plan común para todos los 3º y 4º Medios, ha vuelto a poner en la escena pública al Consejo Nacional de Educación (CNED). Más allá del debate particular que conlleva esta polémica decisión, el objetivo de fondo sobre las atribuciones tomadas por la CNED, parece ser el resguardo de la visión tecnocrática-neoliberal que hoy rige sobre el curriculum de la educación pública chilena, protegida sutilmente bajo el consenso de una red de políticos y académicos representantes directos del sector privado de la educación. El rol que está jugando esta institucionalidad antidemocrática y hábilmente diseñada, está contribuyendo a profundizar la segregación del sistema escolar en dimensiones, ya no tan solo territoriales, sino que también académicas, lo que debería poner en alerta a toda la comunidad educativa que cree en el sentido transformador de la educación.
Lo que en su momento se nos presentó dentro de la LGE como un nuevo órgano independiente y pluralista, encargado de mejorar la calidad de la Educación, en sus años de funcionamiento ha demostrado ser un candado más para la democracia, perteneciente a los grupos de poder. Conformado por 10 miembros, casi la totalidad del consejo está representado por académicos “expertos”, provenientes de entidades conservadoras como lo son Acción Educar (dirigida por Raúl Figueroa, próximo Subsecretario de Educación) el Centro de Estudios Públicos, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica, elegidos además bajo lógicas de cuoteo político que tienen capturada la estructura institucional[1]. Es realmente indignante y vergonzoso constatarlo, pero dentro del consejo no existe ningún representante de los pueblos originarios, ninguna representación del mundo estudiantil, ninguna regional, cultural, ni social del chile real. Por el contrario, la actual composición del CNED tiene un potente sesgo de clase, plasmado en la toma de decisiones arbitrarias que se ponen al servicio de la educación de mercado. Por esta razón, es que decisiones, tan importantes como la eliminación del ramo de Filosofía y Ciencias, no sean hechos particulares, sino que responden a decisiones ideológicas de las entidades privadas representadas en sus consejeros.
Si en un comienzo, el objetivo por el cual fue creado el CNED era darle independencia a las decisiones educativas, hoy se trata de un mecanismo que bajo la racionalidad económica, define quienes pueden tener derecho a una educación ciudadana y quienes deben conformarse con una educación dirigida a fomentar capacidades laborales. Este proceso discriminatorio, institucionaliza perfiles de estudiantes de primera y segunda categoría, ampliando los niveles de segregación escolar que ya conocemos, asociados a territorio, infraestructura y acceso. Si bien uno podría entender que bajo la finalidad por la que fue creado el CNED, este debiera cumplir con un perfil técnico, profesional y académico de alto nivel, eso no justifica por ningún motivo que hoy solo esté sobrerrepresentada la visión neoliberal y centralista de la educación, menos aún que se excluya la representación de docentes y estudiantes de liceos públicos, quienes desde sus prácticas pedagógicas, son los y las que mejor diagnostico tienen de la situación actual que atraviesa el sistema escolar. Son ellos los que han tenido que lidiar con una educación que condiciona su financiamiento a evaluaciones estandarizadas, que denigra y desvaloriza las iniciativas innovación cuando aplica indicadores y evaluaciones basadas en la competencia y la memorización de contenidos.
El movimiento social por la educación debe tomar posiciones claras sobre las consecuencias que está generando el CNED, convertido hoy en una especie de Tribunal Constitucional de la Educación. La defensa de la educación pública requiere también de una lucha por la transformación de la institucionalidad que hoy coarta la participación de la comunidad educativa y que le niega la posibilidad de generar prácticas socioeducativas direccionadas a promover un país más justo y solidario. Pasar a la ofensiva en la disputa por el proyecto educacional que queremos, debiera ser tarea fundamental para las organizaciones y movimientos sociales por la educación.
[1] Informe Redes del poder: ¿Quién controla el Consejo Nacional de Educación en Chile? La estafa de Santiago y la élite política-académica conservadora a la revolución pinguina.
